Según publica el Diario de Sevilla y recoge la web especializada confilegal.com, la sentencia ha sido dictada por el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación de la Abogacía del Estado.

La condena inicial de 6 años y 3 meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Palma por delitos de prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales queda fijada por el Tribunal Supremo, finalmente, en 5 años y 10 meses