En algunos países es obligatorio votar y quienes no lo hacen “engrosan un registro de infractores” que dificulta trámites administrativos o los expone a multas de distinta cuantía. No es el caso en España, porque ninguna ley obliga a participar en las Elecciones. Pero, democracias o no, es un hecho que el “Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral” registra en sus estudios más de 27 países que contemplan este derecho cívico como algo preceptivo, de los que 19 seguramente la mayoría señalaría como democracias plenamente consolidadas. Desde el absoluto respeto a esa libertad que recoge nuestro ordenamiento jurídico, conviene señalar que es arriesgado transigir o dar por buena una tasa de abstención situada en torno a la mitad de los electores. Si a ello añadimos las “peculiaridades” de leyes electorales en distintos territorios que condicionan extraordinariamente alcanzar representación en las instituciones, tenemos “pintado el cuadro” que refleja el apoyo ciudadano que necesitan los de siempre para alcanzar amplias cotas de poder. De persistir en estas disfunciones y no tratar de incentivar la participación de esa bolsa abstencionista, la credibilidad de la política y los riesgos democráticos son grandes y seguirán a más. El primero y más importante ya lo estamos viendo, dejar el campo demasiado abierto para que algunos cargos públicos con escasa representación ciudadana decidan sobre asuntos importantes que nos afectan a todos : una participación electoral demasiado baja, además de cuestionar la calidad de representación, podría justificar que la vieja y tradicional política no haya evolucionado en paralelo a las necesidades de la sociedad, y específicamente, que se permitan frenar el compromiso y las expectativas renovadoras de la juventud y de quienes creen en ella sin grandes costes electorales. En otras palabras, cambian de pelaje o no se sienten cómodos con el “actual estatus quo”. Sin embargo, la gente contempla con resignación cómo se revalidan gobiernos autonómicos y municipales amparándose en esa alta abstención o en barreras electorales difíciles de justificar. Mientras tanto, pasan de puntillas sobre sus incumplimientos electorales, sobre el futuro incierto de muchos sectores sociales, sobre la degradación imparable del territorio, la desaparición de la identidad, el agobio social que provoca el peso poblacional en la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la precariedad del empleo y los salarios, el aumento de la dependencia alimentaria y la subida de la cesta de la compra, los problemas de movilidad, la calidad medioambiental, la injusticia fiscal, y la imparable masificación turística : “por donde pasa el turismo, desaparece el vecindario”.