Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga un grupo organizado dedicado a la simulación de accidentes de tráfico, al que se atribuye la obtención fraudulenta de indemnizaciones de compañías de seguro por importe total de 243.800 euros. La investigación se inició a partir de la denuncia de una agencia de detectives, la cual representaba los intereses de las aseguradoras perjudicadas, una vez detectados varios partes amistosos de accidentes con apariencia de ilicitud. Tras las arduas pesquisas en torno a siete accidentes simulados en un periodo de ocho meses, los agentes han detenido a 32 personas, vinculadas entre sí por lazos familiares y/o de amistad, por su presunta implicación en los delitos de estafa y falsedad documental.

Agentes adscritos al Grupo I de Delitos Económicos de la UDEF/UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, se hicieron cargo de las averiguaciones. Los esfuerzos de los investigadores se centraron en esclarecer un fraude continuado por un cúmulo de accidentes de tráfico ocurridos con regularidad donde estaban implicadas personas del mismo entorno familiar, de amistad o vecindad, quienes actuaban de forma organizada, fingiendo los siniestros para obtener importantes ingresos a partir de las indemnizaciones de las compañías aseguradoras.

En esta modalidad de estafa se daba, por una parte, un fraude consciente directo a manos de los principales organizadores del entramado delictivo, que elegían a los participantes en los falsos accidentes y se encargaban de toda la burocracia fraudulenta; y, de otro lado, un fraude indirecto, ejecutado por otros miembros de la red que, conocedores de la trama y de forma voluntaria, se prestaban a participar en los siniestros simulados, recibiendo un tanto por ciento pactado de antemano. En ambas variantes también existía la falsedad documental, al confeccionarse los documentos europeos normalizados de declaración amistosa de accidente en relación con siniestros inexistentes -al objeto de dotarlos de apariencia de veracidad-.

Se investigaron de este modo un total de siete accidentes de tráfico ocurridos en un periodo de ocho meses, obteniéndose indicios suficientes al objeto de determinar los delitos tipificados y las personas responsables.

Movimientos bancarios y reparto de las ganancias

Debido al alcance y complejidad de la investigación, al tratarse de una estafa masiva y continuada, se solicitó a la autoridad judicial autorización para acceder a los movimientos de las cuentas bancarias de los sospechosos, observándose las transacciones entre dichas cuentas del dinero cobrado en concepto de indemnización, así como el reparto escalonado de los ingresos obtenidos ilícitamente.

Paralelamente, la Policía Nacional sometía a los investigados a vigilancias discretas para establecer sus hábitos y contactos entre ellos, y se analizaba la documentación relativa a los accidentes de circulación investigados, solicitada tanto a las diferentes compañías aseguradoras, Policía Local, empresas de alquiler de vehículos y empresas de seguridad, concluyéndose que se trataba de un fraude profesionalizado.

Durante la investigación se constató cómo este entramado delictivo tuvo una evolución en el desarrollo de su actividad ilícita. Entre el primer accidente y el segundo pasó medio año, de tal manera que, tras las indemnizaciones por el primer siniestro, se abrieron otros seis partes amistosos en solo un mes.

Se constataba, además, un aumento en el número de ocupantes en los accidentes con personas pertenecientes al entorno de los principales investigados, lo que denotaba una especialización encaminada al aseguramiento de mayores indemnizaciones.

Continuando con las averiguaciones se apreciaba también cierta confianza en la actividad criminal, al comenzar los principales investigados a implicar en los accidentes a personas de un círculo más lejano, evitando aparecer continuamente en primera línea de los accidentes y pasando a un segundo plano si tenían la posibilidad.

Sin mediación de Policía, ni tampoco presencia de testigos

Los accidentes simulados presentaban en todos los casos un parte amistoso entre las partes conniventes, y por tanto sin mediación de Policía Local ni testigos de los hechos que pudieran constatar la veracidad del siniestro.

En algunos casos aprovechaban los daños que presentaban los vehículos con anterioridad al de la fecha de simulación del accidente para repararlos con cargo a las compañías de seguros implicadas, unos desperfectos que no coincidían con los señalados en los falsos partes amistosos confeccionados para materializar la estafa.

Finalmente, la investigación constataba que se trataba de un fraude profesionalizado y perfectamente orquestado, siguiendo el modelo de las empresas piramidales, puesto que los máximos responsables del entramado buscaban personalmente a diferentes personas para poder materializar los accidentes simulados, pero a su vez, instaban a que éstas buscaran a otras para que de esta forma existiera un elevado número de falsos implicados en cada accidente y así conseguir unos beneficios económicos más elevados. La operación ‘Posto’, como fue denominada la misma, concluyó con el arresto de 32 personas.