Hay imágenes que no dejan de indignarnos, y eso es exactamente lo que está pasando en muchos municipios de España con el top manta. No tenemos que asumir como parte del paisaje que en algunos de los lugares más emblemáticos de nuestras poblaciones se desplieguen cada día cientos de productos y se vendan al margen de las mismas normas que exigimos a cualquier comercio. Detrás hay comerciantes que cada mañana levantan la persiana, pagan alquiler, impuestos, Seguridad Social, nóminas, seguros y licencias. Y también hay policías que una y otra vez intervienen miles de productos para encontrarse pocas horas después con el mismo problema. En algún que otro operativo policial se han localizado incluso vehículos que abastecen a los vendedores. Esto demuestra que no hablamos únicamente de unas cuantas personas improvisando una manta para sobrevivir, porque hay mercancía, abastecimiento, almacenamiento y una cadena económica detrás, es decir, estamos hablando de negocios fraudulentos. No todos los vendedores son una mafia y sería injusto afirmarlo, ya que muchos pueden ser “el último y más débil eslabón de esa cadena, pero la solidaridad no puede significar impunidad”, y cuando una actividad ilegal se instala delante de todos, se retira cuando llega la Policía y regresa poco después... Estamos ante un desafío a la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas. Algo falla cuando perseguir la ilegalidad resulta extraordinariamente caro para la Administración, mientras que reincidir resulta demasiado sencillo. Necesitamos una legislación que permita actuar de forma más rápida y eficaz y que haga que la venta ilegal tenga consecuencias reales. No puede ser que se decomise la mercancía, se identifique al vendedor y poco después vuelva exactamente al mismo lugar. Quien vende ilegalmente de forma reiterada tiene que saber que no sale gratis. Queremos decomisos inmediatos, sanciones efectivas y consecuencias cada vez más severas ante la reincidencia. Y cuando legalmente corresponda, también deben poder existir consecuencias en materia de extranjería, incluida la autorización de residencia o la expulsión. También debe revisarse la situación de quien recibe ayudas públicas mientras obtiene ingresos de manera habitual mediante una actividad ilegal. Muchas de esas ayudas están destinadas precisamente a personas que carecen de recursos suficientes. Si alguien está obteniendo ingresos de una actividad comercial, aunque no los declare, la Administración debe poder comprobarlo y actuar. ¡Una ayuda pública no se puede convertir en un complemento de una actividad ilegal!... ¡No!