Nuestro  sistema constitucional establece el modelo de división de poderes del Estado en el que el Parlamento, órgano de representación de los españoles, elige al  Presidente del Gobierno, realiza su función legislativa, y ejerce la labor de control de la gestión del Gobierno mediante comparecencias, interpelaciones y preguntas. Actualmente, el Presidente del Gobierno conoce que 10 o 12 causas penales se tramitan en los Juzgados investigando supuestos hechos delictivos de sus familiares, personal del PSOE y colaboradores. El exministro Ábalos ha sido juzgado por la Sala II del Tribunal Supremo y le han caído 24 años de prisión. Son casos ligados a la corrupción y ya se ha celebrado el juicio del hermano del Presidente ante la Audiencia de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias. Entre esta lista de causas hay dos de enorme gravedad que han exigido una comparecencia y explicación política del Presidente ante el Congreso sin que quepa escudarse en la tramitación judicial, porque el Gobierno está sometido al control político, sin perjuicio del judicial. Uno es el acuerdo de Consejo de Ministros que concedió una ayuda de 53 millones de euros (ahora volatilizados) de dinero público para el rescate de la empresa aérea Plus Ultra, que fue considerada como estratégica a pesar de tener menos del 0,5% del tráfico de viajeros en España. Los ciudadanos y sus representantes debemos conocer la motivación de la gestión política sin esperar a los razonamientos de una sentencia firme sobre los posibles delitos cometidos. El segundo caso afecta directamente al corazón del Estado de Derecho, a los derechos de los funcionarios y a la integridad del sistema democrático. En virtud de un auto dictado por el Juez Pedraz en la causa conocida como cloacas del PSOE, la UCO cumplimentó un requerimiento de registro a lo largo de 12 horas en la sede central del PSOE y en la vivienda de Santos Cerdán. El auto razona que en abril de 2024 Santos Cerdán, con Leire Díez, organizó en la sede citada un grupo de personas para desestabilizar a jueces, fiscales y policías que trabajaban en causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno. Ese grupo quedó financiado por recursos del PSOE, se servía de su personal y oficina, y su objetivo era proteger los intereses de ese partido o de miembros del Gobierno, obstaculizando la tramitación de las causas que se investigaban en los Juzgados, utilizando ofrecimientos a funcionarios públicos de carácter económico o de promoción de cargos públicos.