Hoy se ha aprobado de manera inicial, con el voto a favor de todos los grupos políticos, la renovación de los estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y del Consorcio Provincial del Agua, documentos que ahora tienen que ser ratificados por los plenos de los ayuntamientos consorciados y, después, serán aprobados de manera definitiva por la Diputación de Málaga.

“Estamos muy satisfechos por haber logrado este consenso que da estabilidad y refuerza el papel fundamental que prestan los consorcios en beneficio de los ciudadanos de la provincia, especialmente en los municipios medianos y pequeños”, ha afirmado el diputado provincial y presidente de ambos consorcios,  Luis Rodríguez.

El nuevo estatuto del Consorcio Provincial del Agua contiene dos novedades importantes: por un lado, la entidad podrá destinar sus recursos a inversiones, no sólo a la gestión y mantenimiento de instalaciones; y, por otro, y como consecuencia de su buena salud económica, se establece una exención del pago de todos los municipios consorciados durante un periodo de doce meses desde el momento en que se reciba la aprobación definitiva de los estatutos.

En cuanto al Consorcio Provincial de RSU, la Diputación aumentará su aportación en inversiones para los municipios de menos de 20.000 habitantes, que se materializará de la siguiente forma: en 2026, alcanzará el 40% de la aportación total al Consorcio de los municipios de menos de 20.000 habitantes; en 2027, el 60%; en 2028, el 80%; y en 2029 y sucesivos, el 100% de esa aportación.

Rodríguez ha explicado que esas cantidades, en función de la aportación de cada municipio, podrán ser utilizadas en forma de inversiones en base a un catálogo que ofrecerá diferentes servicios de gestión y tratamiento en los puntos limpios, de recogida de residuos (puerta a puerta, enseres domésticos, eléctricos y electrónicos, aceites domésticos y vegetales…), de infraestructuras y de suministro (sistemas de control de usuario, contenedores, autocompactadores…), acciones de concienciación y formación y de asesoría y consultoría.

Por lo tanto, los ayuntamientos podrán realizar inversiones en equipamiento y maquinaria y también en software y sistemas para la mejora de la eficiencia de la gestión de la tasa de basura impuesta por el gobierno y de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Además, se creará una mesa provincial de residuos con representación de todos los grupos políticos que celebrará periódicamente reuniones comarcales para atender las necesidades concretas de todos los puntos de la provincia y se redactará un plan estratégico provincial de residuos que, sin carácter decisorio, servirá de guía para el propio consorcio y los municipios consorciados a la hora de planificar y realizar las inversiones necesarias en cada territorio.

Consorcios y municipios que los integran

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos es un organismo que presta servicios de recogida, transferencia y tratamiento de residuos a 91 municipios de la provincia, mientras que el Consorcio Provincial del Agua de Málaga es una entidad pública que promueve una gestión del ciclo del agua de forma integral. Presta servicios de mantenimiento y conservación de las instalaciones de depuración de 47 municipios de la provincia de Málaga, distribuidos por las comarcas del interior, con una población aproximada de 155.000 habitantes.