Cuando el alcalde de Rincón de la Victoria presentó la contratación de la redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que estudiara el estado de las comunicaciones de la red viaria y peatonal del municipio con un rotundo “nos va a proporcionar una radiografía real del estado de la vía pública en el municipio, para detectar el déficit de movilidad (…), buscando una mejor accesibilidad (…)”, quizá se ha equivocado de plazos.

El equipo de gobierno, posiblemente, ha estado muy centrado en el proyecto para los fondos europeos EDUSI, recientemente aprobado en un pleno extraordinario del pasado 15 de noviembre, que se ha contratado por la vía rápida de la adjudicación directa, pero ha olvidado que el 4 de diciembre de este año cumple el plazo dado por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que trata de garantizar que los vecinos puedan acceder y utilizar los espacios públicos urbanizados y edificaciones (donde se incluyen las viviendas en régimen de propiedad horizontal), medios de transporte, oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, como el resto de sus vecinos. Y ojo, porque cualquiera podrá denunciar si no puede acceder a un edificio no accesible para personas con movilidad reducida. 

Anteriormente, tras el diagnóstico llevado a cado por la Fundación CIEDES, se contabilizaron, a fecha de 2011, 9.469 edificios, que representan un total de 26.227 inmuebles, de los que aproximadamente el 50 por ciento no son accesibles.

Para estos edificios e inmuebles, además, la Ley de Suelo y Reha­bilitación Urbana, establece  la obligatoriedad de realizar un informe de evaluación de los edificios antes del día 28 de junio de 2018, para los edificios que tengan una antigüedad de 50 años, que son al menos 900 edificios aproximadamente en el municipio, que contemple las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad, y cómo afrontar los ajustes “razonables” para satisfacer las deficiencias.
Me pregunto cómo harán las administraciones, la que corresponda, para estudiar la accesibilidad, asesorar a los vecinos y cumplir con la Ley, cuando empiecen a llegar las reclamaciones, preguntas y solicitudes al registro del Consistorio. ¿Cómo harán para exigir a comercios y restaurantes el cumplimiento de la Ley? ¿Cómo harán para revisar la accesibilidad de edificios nuevos que ya debían cumplir la normativa y se encuentren que no la cumplen? 

Pese a ello, pese a las palabras del alcalde sobre una “mejor accesibilidad”, las menciones reales sobre esta han sido mínimas, y sobre inclusión, nulas; al final, en las líneas estratégicas EDUSI bajo el eslogan ‘Rincón es vida’, no aparece para nada la accesibilidad universal. Esto se puede deber a las prisas por no perder el tren de unos fondos europeos y a la poca creencia en esa “mejor accesibilidad” y aún menos, si cabe, en la participación (que también entra en el discurso para pedir la subvención). No hablo de presupuestos participativos, sino del propio modelo del actual equipo de gobierno y su participación a través del tejido asociativo, porque existiendo una mesa de accesibilidad, con un reglamento ya aprobado, que la forman al menos 12 asociaciones relacionadas con la accesibilidad y colectivos de mayores, y otros grupos y organismos, no se las ha tenido en cuenta. Una vez más, la accesibilidad se encuentra en tierra de nadie en Rincón de la Victoria.