Apagar la nuclear es ideología; mantenerla es responsabilidad y competitividad
En las últimas semanas, algo ha cambiado en el debate energético español. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha pedido públicamente la prórroga de las centrales nucleares más allá de la Central Nuclear de Almaraz, cuyo cierre está previsto para 2027-2028, argumentando que muchas de ellas podrían operar con plenas garantías durante 60 u 80 años. El consejero delegado de Endesa se ha pronunciado en el mismo sentido. Y las comarcas catalanas de la Ribera d'Ebre han aprobado por unanimidad mociones pidiendo la prórroga de la Central Nuclear de Ascó y de la Central Nuclear de Vandellós.
La Fundación para el Avance de la Libertad lleva tiempo documentando este problema. Nuestro informe “España, energía nuclear y palos en las ruedas” analiza en detalle cómo el Estado español ha construido, capa a capa, una fiscalidad tan gravosa para las centrales nucleares que las ha hecho inviables económicamente: no porque la tecnología sea cara, sino porque se les impide competir en igualdad de condiciones. El parque nuclear español no cierra porque sea obsoleto ni porque sea peligroso. Cierra por una decisión política tomada de antemano y sostenida artificialmente mediante una carga fiscal que ninguna otra fuente de energía soporta.
Los siete reactores en funcionamiento en España producen alrededor del 20 % de toda la electricidad que consumimos cada año. Cada reactor abastece a cerca de un millón de hogares de forma continua, a cualquier hora, sin depender del viento ni del sol. Son, junto con la hidráulica gestionable, la única fuente que garantiza suministro estable las 24 horas.
Además de aportar energía, las centrales nucleares generan 19.500 empleos en España –8.500 directos– y contribuyen con cientos de millones en impuestos a los municipios y comunidades donde se ubican. En lugares como Almaraz (Extremadura) o Trillo (Castilla-La Mancha), la central es el principal empleador y sostiene buena parte del presupuesto local. Su cierre sería un golpe económico directo a territorios que ya tienen pocas alternativas.
El impacto económico es tangible. Según PricewaterhouseCoopers (PwC), cerrar el parque nuclear elevaría el precio mayorista más de 13 €/MWh de media anual. Para un hogar medio, unos 40 euros más al año. Para pequeñas empresas intensivas en electricidad, entre 15.000 y 40.000 euros adicionales. Para sectores como la cerámica valenciana, que representa el 95 % de la producción nacional, el sobrecoste superaría los 120 millones de euros anuales.
Una central nuclear española soporta hoy una carga fiscal que representa entre el 25% y el 40% de sus costes totales de producción. Ninguna otra tecnología enfrenta algo parecido. Las centrales operan en pérdidas, no porque la tecnología falle, sino porque la fiscalidad las condena a ello. No pedimos subvenciones ni trato de favor para la energía nuclear. Pedimos que compita en las mismas condiciones que el resto. Eso es lo que exige un mercado energético serio.
El apagón del 28 de abril de 2025 evidenció la fragilidad del sistema cuando se reduce la generación estable. Lo que ocurrió ese día no fue un accidente aislado: fue la consecuencia de decisiones de política energética que priorizan la entrada masiva de renovables sin garantizar el respaldo necesario. Las empresas tecnológicas y los grandes inversores buscan países que puedan garantizarles suministro abundante, estable y predecible. España tiene condiciones para ser uno de esos países. Pero no si cierra las centrales que hoy garantizan esa estabilidad.
El canciller alemán Friedrich Merz ordenó en 2025 detener el desmantelamiento de varias de sus centrales y estudiar cómo reactivarlas. Francia, Suecia, Países Bajos, Polonia y Finlandia amplían o reactivan sus programas nucleares. Ahora, La Ribera d'Ebre vota en favor de la prórroga. Iberdrola y Endesa piden más años de operación. El pragmatismo está superando al dogma y España no debería ser la excepción.
Incluso Teresa Ribera, quien fue ministra de Transición Ecológica y artífice de la agenda de cierre del parque nuclear español, ahora como Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea, ha afirmado que no pondrá obstáculos a esta tecnología en Europa.
La Fundación para el Avance de la Libertad lleva tiempo señalando que el cierre del parque nuclear español responde a una decisión ideológica, no técnica. Por ello, la Fundación insta al Gobierno central y a las comunidades autónomas a revisar el calendario de cierre con criterios técnicos actualizados, eliminar impuestos redundantes que gravan exclusivamente a la nuclear, reformar la Tasa Enresa para que refleje los costes reales de gestión de residuos y garantizar que cuando el Consejo de Seguridad Nuclear certifique que una central opera con plenas garantías, esa evaluación sea vinculante para la concesión de la licencia, de forma que una central segura no pueda cerrarse por razones políticas.
Varios actores políticos se han visto ya interesados por el argumentario de Fundalib y están en proceso de emprender acciones para tratar de dar este paso hacia atrás antes de que sea demasiado tarde. El ejemplo más reciente es la presentación de una Propuesta No de Ley (PNL) en el Parlamento de Castilla-La Mancha en enero de este año, fruto del intercambio de ideas con la Fundación.
No se trata de convertir la energía nuclear en un dogma, sino de evitar un error estratégico. Hablamos de infraestructuras que funcionan, que reducen el precio de la electricidad, sostienen miles de empleos y aportan estabilidad a un sistema que ya ha demostrado su vulnerabilidad cuando se prescinde de ellas. La cuestión no es ideológica, es pragmática: permitir que compitan en igualdad de condiciones y que sean la eficiencia, la seguridad y el coste quienes determinen qué energía merecemos los españoles.