Descrédito de país, descrédito de democracia

Según estudios y encuestas de alguna empresa demoscópica, más de seis de cada diez españoles dicen estar descontentos con la democracia española. El indicador es un varapalo sin paliativos al Gobierno, a las instituciones, a las medidas económicas, al funcionamiento de la justicia... Cuando se conocen datos de este tipo, automáticamente salta la pregunta : ¿de quién es la culpa? La respuesta es más complicada de formular, pero existen culpables y responsables : los que han sido condenados por delitos y han lastrado la credibilidad institucional y los que, sin haber cometido delitos, han sido partícipes de esta erosión democrática a través de su no hacer. Y una vez pronunciada la justicia, tiene poco sentido hablar de culpables, más allá del daño que han provocado a la marca España. Y no son desahuciados ni pensionistas, sino empresarios, banqueros o políticos. Aunque aparte de algunos culpables, los representantes políticos, por cuanto son y por cuanto han hecho, sí son responsables de la pésima situación y de que nuestro país esté entre los 30 más corruptos del mundo y el cuarto en riesgo de pobreza de la Unión Europea. En esta vorágine destructora en la que nos encontramos, diputados y senadores se han encargado de judicializar la política española siendo incapaces de afrontar con honestidad y altura de miras las cuestiones de Estado. PP y PSOE están haciendo política a golpe de mazo, con el irreversible lastre que esta práctica supone para la justicia y la política. Y aún más, están convirtiendo al tribunal garante de los derechos constitucionales, en juez y partido de decisiones que deberían ser exclusivamente políticas, aunque esta práctica no viene de ahora, ya que desde 2010, los recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional han aumentado por los litigios entre el Estado y las Comunidades Autónomas.