sábado, 20 de abril de 2024 00:25h.

¿Debe seguir siendo España un Estado autonómico?

Los Siete Magníficos contestan a la pregunta.

Manuel Gutiérrez (PP Vélez).-  Lleva  más de tres décadas, consiguiendo importantes prestaciones del Estado, dis­­­mi­nuyendo la desigualdad entre los territorios. Ante la actual realidad sociopolítica, una España centralizada, sin autonomías, no sería posible. 

Antonio Yuste (PSOE Almáchar).- España debe convertirse en un estado federal que abra un debate sobre nuestro modelo de Estado. Lo vivido estos días es resultado de no haber afrontado ese debate de manera serena y con altura de miras.

Alicia Pérez (IU Vélez).-  España ha de garantizar la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo. El modelo autonómico y el uso partidista y oligárquico que se ha hecho de éste y de la propia Constitución, ha degenerado. Hay que plantear un nuevo modelo.

Daniela Tonetti (Directora comercial).- A la vista está que ese modelo ha naufragado. El café para todos de la Transición ha resultado ser la plataforma desde la que los independentistas han ido creando micronaciones, eso sí, con la aquiescencia de los sucesivos gobiernos.

Jesús Aranda (Músico y profesor).- Sí, aunque se deben replantear cuestiones importantes como la sanidad, la educación, la fiscalidad y los servicios sociales. Habría que hacer un gran esfuerzo en sentirnos TODOS miembros de un Estado con carácter plurinacional o autonómico, dentro de las peculiaridades de cada sitio.

Jesús Pastor (Empresario).- Las autonomías solo sirven para que haya 17 parlamentos con sus presidentes, ministrillos y demás enchufados, y son un gastos que no se puede soportar. Personalmente, las eliminaría, pero, en caso de mantenerlas, nunca se debió transferir la educación, la justicia y los cuerpos de seguridad del Estado. Si los partidos constitucionalistas no están unidos, en 10 años la España actual habrá desaparecido.

Elena Aguilar (C’s Rincón de la V.).-  Es necesario establecer un catálogo claro, simple y estable de competencias basado en criterios de eficacia y racionalidad en la distribución del poder político y la capacidad de gestión.