El acuerdo de investidura entre PP y C's hablaba de recortes en “duplicidades administrativas”, pero hoy Teresa Pardo ha confirmado que ese recorte irá destinado a las diputaciones. Además del recorte de 1.000 millones el próximo año también se prevé 2.000 millones de euros más de recorte en 2018 y otros 2.000 millones en 2019. “Con este recorte en materia de financiación, en tres años no existirían las diputaciones provinciales, el personal se iría a la calle y los servicios no se podría prestar”, ha adelantado Conejo, que recuerda que el presupuesto en diputaciones españolas en 2016 es de 6.400 millones de euros. 

Conejo ha detallado que el próximo año esos 1.000 millones de euros de recorte para las diputaciones se puede traducir en “un 20% menos de financiación para la Diputación de Málaga, lo que supone recortar servicios que presta la institución, es decir, un tijeretazo a numerosos servicios fundamentales para la provincia”.  

“El recorte contemplado en el pacto no se destina a la comunidad autónoma o a los ayuntamientos para que se puedan seguir prestando los servicios, sino que es un recorte para cumplir con las imposiciones de la Unión Europea. Son mil millones de recorte reales que habría que acometer para cuadrar los Presupuestos Generales del Estado. Es un tijetarazo que se aplica a los servicios y empleos de la Diputación. Quitar ese dinero supondría que a partir del año que viene tendríamos que recortar servicios en pequeños y medianos municipios”, ha explicado.  

“El PSOE se va a oponer al mayor recorte en la historia de los servicios públicos a los pequeños y medianos municipios de esta provincia, de esta comunidad autónoma y de este país. Quitar mil millones de euros es acabar con los pequeños y medianos municipios de este país”, ha dicho,  al tiempo que ha expresado su deseo de que el PP “no permita que se acabe con la financiación a los pequeños y medianos municipios”.  “Si hay que cumplir con imposiciones de la Unión Europea que no salga del dinero de los pequeños y medianos municipios”, ha añadido.

Conejo ha defendido que en el acuerdo que el PSOE suscribió a nivel nacional con Ciudadanos no se contempló recortes a las diputaciones. “Planteamos modernizar la institución porque en todo momento hay que garantizar la prestación de los servicios”, ha dicho.

Precisamente, el pleno de la Diputación ha aprobado con el voto en contra de Ciudadanos una iniciativa de los socialistas que aboga por la necesidad de un nuevo pacto local, la modernización de las diputaciones y plantea al Gobierno que no recorte la financiación a las diputaciones en los PGE de 2017.

En su iniciativa, los socialistas plantean pedir al Gobierno central y al Congreso que inicien la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, y que sea un resultado de un gran acuerdo o pacto local consensuado con la  Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y así clarificar el ámbito de competencia de ayuntamientos y diputaciones y aumentar su financiación. “Los socialistas defendemos la política más útil para la ciudadanía, que es la política local; aquella que tiene la capacidad de dar una respuesta más eficaz por su proximidad y que se presta a través de los ayuntamientos y las diputaciones”, ha defendido Conejo.  

Así, ha subrayado que es tiempo de la verdadera modernización de las diputaciones provinciales, centrando su función en garantizar la autonomía local de municipios menores de 20.000 habitantes, y defendiendo firmemente su vigencia, “ya que si no existieran habría que inventar algo similar, para conseguir llevar a muchos municipios servicios básicos como servicios de bomberos o la recaudación además de favorecer la cohesión territorial, la sostenibilidad medioambiental, el mantenimiento del patrimonio etnográfico, la redistribución de recursos o la fijación de la población en el mundo rural”.

Conejo ha asegurado que “tras cinco años de mayoría absoluta del PP en el Gobierno, en los que se ha atacado y recortado al municipalismo, es necesario que ahora, sin mayorías absolutas en el Congreso, podamos alcanzar un amplio consenso para aprobar una nueva normativa local”, denunciando que la actual Ley de Reforma Local “no contó con el apoyo del municipalismo español, y tuvo más de 3.000 ayuntamientos en contra”. “Nuestro país tiene una deuda histórica con los ayuntamientos y las diputaciones, y es momento de saldarla. Nuestro sistema se remonta a 1978 y es hora de poner en marcha la segunda descentralización”, ha señalado.

Además, el PSOE exige al Gobierno que no plantee ningún recorte de los servicios ni de la financiación a los ayuntamientos y diputaciones en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y pide al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que consensue con la FEMP una modificación legislativa que permita un uso del superávit más razonable y la flexibilización del techo de gasto para las corporaciones locales saneadas y que cumplan con la estabilidad presupuestaria. En esta línea, solicitan también que los próximos PGE amplíen al 100% la tasa de reposición del personal funcionario al servicio de las administraciones públicas locales “para garantizar una mejor prestación de los servicios públicos a los vecinos y vecinas”, algo que ha calificado como “una reivindicación fundamental del municipalismo”.